El nuevo decreto que regula las viviendas de uso turístico en la Comunitat Valenciana no solo otorga más autonomía a los ayuntamientos para decidir el modelo urbano que quieren y establecer límites al uso turístico de viviendas, sino que también introduce sanciones más estrictas, como la prohibición de cajetines para llaves y la obligación de ofrecer servicios de recepción. Esto forma parte de un esfuerzo por mejorar la calidad de la oferta turística y garantizar un equilibrio entre el crecimiento del turismo y la convivencia en las ciudades.
Uno de los puntos clave es la obligación para todas las viviendas turísticas de registrar su referencia catastral antes del 31 de agosto. Si no lo hacen, serán dadas de baja del registro de viviendas turísticas, un plazo que el decreto establece como «improrrogable». Además, cada cinco años deberán renovar su declaración responsable ante la Generalitat para mantenerse actualizadas y adaptarse a la evolución constante del sector.
Respecto a las licencias ya concedidas, el decreto establece tres regímenes transitorios. Las viviendas autorizadas antes del 1 de julio de 2018 mantendrán su inscripción bajo las condiciones en las que fueron registradas. Por otro lado, las viviendas autorizadas entre el 7 de julio de 2018 y la entrada en vigor del decreto tendrán hasta 2030 para adaptarse a los nuevos requisitos de calidad, momento en el que deberán renovar su declaración responsable junto con un nuevo informe de compatibilidad urbanística. Las viviendas autorizadas después de la entrada en vigor del decreto estarán sujetas de inmediato a las nuevas regulaciones, incluidas las revisiones obligatorias cada cinco años y la presentación de un certificado de conformidad de la comunidad de propietarios.
Otro cambio importante es que, en los casos de cambios de titularidad, la licencia ahora estará vinculada a la persona propietaria y no a la vivienda en sí, lo que busca evitar la especulación con licencias de uso turístico. Además, se endurecen las sanciones, introduciendo dos nuevas infracciones: una grave por la negativa a facilitar la identidad de los titulares, y una muy grave por el alquiler de habitaciones en lugar de la vivienda completa, con multas que pueden llegar a los 600.000 euros.
El decreto también habilita a los ayuntamientos a asumir competencias en materia de sanciones, si así lo solicitan, y permite que las comunidades de vecinos puedan revocar el permiso turístico si cambian sus estatutos dentro del plazo de cinco años.
Además, para garantizar un mayor control, se potenciarán los servicios de inspección mediante el uso de inteligencia artificial para detectar viviendas turísticas ilegales, y se llevará a cabo una colaboración público-privada con plataformas de reservas y fuerzas de seguridad para identificar viviendas que no cumplan con la normativa.
En palabras del ‘president’ de la Generalitat, Carlos Mazón, el decreto busca poner orden y rigor en un sector que ha crecido de manera descontrolada, ya que el número de viviendas turísticas registradas en la Comunitat Valenciana ha aumentado un 160% desde 2015, pasando de 38.319 a más de 105.000 en 2023. El objetivo final es garantizar la sostenibilidad del turismo y minimizar los conflictos sociales y de convivencia que pueden surgir por el uso inadecuado de estas propiedades.
